El frente popular y la respuesta frentepopulista a la sublevación, José Luis Martín Ramos

Una guía de interpretacióni.

José Luis Martín Ramos

1. La ofensiva fascista en Europa y el Frente Popular

El acceso de Hitler al poder hizo girar ciento ochenta grados las expectativas políticas en Europa. Todas las esperanzas y todos los temores de que la depresión económica desembocara en una nueva ruptura revolucionaria se vinieron abajo. La izquierda obrera no había desarrollado iniciativas de respuesta a la crisis económica que consiguiera movilizar tras ella, o junto a ella cuando menos, a amplios sectores sociales, a las clases populares, y, por el contrario, el fascismo, o simplemente el autoritarismo, tendió a unificar a todas las derechas y a movilizar en torno suyo a la burguesía, las clases medias y el campesinado. Al propio tiempo, el acceso del nacionalsocialismo al poder en Alemania anunció la ruptura del statu quo europeo establecido, a la cartaginesa, por los tratados de Versalles de 1919. Una primera indicación de la nueva etapa en las relaciones inter-europeas fue el acuerdo Germano-Polaco, firmado en enero de 1934, que apuntaba directamente a la URSS haciendo renacer en el estado soviético el temor a una nueva agresión exterior, que hasta entonces se había pensado que procedería de Gran Bretaña e incluso de Francia, como en 1918-1920. Más contundente fue la confirmación del giro hacia la nueva derecha que se producía en el continente, puesto en evidencia a lo largo de 1933 en Austria, con la deriva del gobierno de Dollfuss hacia el autoritarismo y la progresiva instauración de hecho de un sistema de partido único, bajo la denominación de Frente Patriótico, tutelado por Mussolini; y en Francia por la movilización de la derecha nacionalista, aprovechando el escándalo de corrupción protagonizado por Stavisky para reclamar, con el apoyo de elementos de la derecha liberal, el fin de la democracia parlamentaria y su sustitución por un régimen de orden y autoridad. Con menos fuerza, todavía, también se reflejó en Bélgica con la evolución de una parte de las juventudes católicas hacia el fascismo bajo el liderazgo de León Degrelle; y en España con la movilización creciente de las dos nuevas formaciones de la derecha antidemocrática, la CEDA y Renovación Española y el nacimiento de Falange Española, en octubre de 1933.

La subida al poder de Hitler iba camino de convertirse en una oleada, sin que encontrara en ninguna parte freno suficiente. En febrero de 1934, por los mismos días, Dollfuss dio un paso decisivo en la imposición de la dictadura interviniendo los gobiernos locales que todavía estaban en manos socialistas, entre ellos el de Viena y la derecha francesa se echó a la calle en París con la intención de asaltar la Asamblea Nacional y forzar el cambio de sistema político. La experiencia de la esterilidad de divisiones anteriores llevó a una reacción de unidad, de socialistas y comunistas, tanto en la insurrección obrera austriaca como en la contra-movilización en las calles de París. El resultado fue desigual: la insurrección austríaca fue aplastada en pocos días, pero la movilización obrera en las calles de París contribuyó a frenar el asalto a la Asamblea nacional, aunque no a conjurar el peligro de reacción autoritaria de la derecha. Meses más tarde, en España, la entrada de ministros de la CEDA en el gobierno republicano presidido por Alejandro Lerroux tuvo como respuesta el levantamiento de octubre de 1934, promovido por los socialistas, con la participación de los comunistas y también de la CNT asturiana. Tampoco consiguió evitar ese acceso al gobierno, ni revertir una situación política en la que se impuso una fuerte represión. Las insurrecciones austríaca y española, a pesar de la combatividad y más allá de sus deficiencias organizativas pusieron en evidencia que la lucha contra el fascismo, y su versión subsidiaria el autoritarismo, exigía un arco de alianzas sociales más amplias y el compromiso político correspondiente.

Fue en Francia donde esa ampliación se planteó por primera vez, ante la deriva de una parte del radicalismo hacia la derecha y, por el contrario, del acercamiento de sectores radicales hacia la convergencia con comunistas y socialistas. En esa situación Maurice Thorez, secretario general del Partido comunista Francés, propuso en octubre de 1934 un pacto entre los partidos obreros y los republicanos en defensa de la democracia, que pudiera aplicarse ya a las elecciones cantonales de aquel mes y más adelante a las municipales de mayo de 1935; una extraordinaria manifestación del 14 de julio de 1935 en París consagró el nuevo movimiento unitario antifascista del Frente Popular. Al propio tiempo parte, esa dinámica unitaria estuvo acompañada por el cambio de la política exterior de la Unión Soviética y por la rectificación de la política que la Internacional Comunista venía desarrollando desde comienzos de la depresión. Tras el pacto germano-polaco, el gobierno soviético emprendió una política de aproximación a Francia, con el objetivo de integrar en ella también a Gran Bretaña, para aislar a la Alemania nazi y neutralizar el peligro de ataque a la URSS. Por su parte la Internacional Comunista, bajo el nuevo liderazgo de Dimitrov, impulsado por Stalin, abandonó primero la política de confrontación con los socialistas, estigmatizados como enemigo principal hasta finales del invierno de 1934, y asumió finalmente la propuesta de Frente Popular que había surgido con éxito de la iniciativa de los comunistas franceses. Las nuevas condiciones de la defensa de la URSS frente a un ataque exterior y la nueva política comunista de defensa ante el avance del fascismo o la reacción autoritaria en los escenarios nacionales, quedaron proclamadas en el VIIº Congreso de la Internacional Comunista, en el verano de 1935, en él también se aprobaron propuestas de reforzamiento del frente único y de unificación sindical y entre socialistas y comunistas. La elección de Dimitrov como nuevo presidente de la Internacional Comunista subrayó el cambio de línea; un cambio reforzado por la incorporación al núcleo duro de la dirección de la Internacional de dirigentes que, como era el caso de Togliatti, en el pasado habían manifestado sus dudas sobre la táctica de confrontación con los socialistas y la insuficiencia del análisis y la respuesta dada al fascismo.

Fue en España, donde la propuesta de Frente Popular ganó primero unas elecciones generales en Europa, rompiendo la tendencia que se había manifestado desde 1932. No obstante, la gestación del Frente Popular en España resultó mucho más problemática que en Francia; y sí salió adelante fue por el empuje desde abajo hacia soluciones unitarias y por la ausencia de ninguna otra alternativa capaz de impedir el triunfo definitivo de la derecha antidemocrática en las primeras elecciones que se celebraran. Aparte del Partido Comunista de España – que desde comienzos de 1935 defendió la articulación de un “bloque popular” que abarcara desde los anarcosindicalistas hasta los republicanos centristas, pasando por socialistas y comunistas – la propuesta de una nueva coalición, que fuera más allá de la tradicional alianza republicano-socialista, intermitente desde 1909, la formuló Indalecio Prieto a Azaña instándole a un pacto a ambos lados, que incluyera a los comunistas, hasta entonces menospreciados tanto por Prieto como por Azaña. Prieto consideraba que solo un pacto que incluyera a los comunistas podría ser aceptado por las bases socialistas y tendría posibilidad de impedir la mayoría de la derecha democrática en las elecciones generales. A Azaña le costó aceptar esa extensión del acuerdo; aunque durante largo tiempo el mayor obstáculo lo presentó Largo Caballero, que no quería repetir ninguna coalición con los republicanos y, en cambio, postulada una coalición de frente único obrero exclusivamente. El gran problema de la opción de Largo Caballero es que no tenía ninguna posibilidad de conseguir la representación parlamentaria suficiente, ni siquiera para forzar la amnistía y el retorno a casa de los miles de presos desde octubre de 1934; y que tampoco era posible promover un nuevo movimiento insurreccional. La convocatoria anticipada de elecciones en diciembre de 1935, para el siguiente mes de febrero, precipitó las conversaciones entre los partidos obreros y republicanos en un ambiente en que todas las previsiones pronosticaban un triunfo de la CEDA, Renovación Española y sus aliados o aliables. Largo Caballero, sin alternativa política propia, cedió invocando el objetivo común de la amnistía y al acuerdo del Frente Popular se sumaron también en última instancia el POUM y el Partido Sindicalista, en tanto que la CNT-FAI se dividía entre los que preconizaban la tradicional abstención y los que consideraron que ese objetivo de la amnistía y de freno al fascismo podía llevar a aceptar una participación excepciona en las elecciones de febrero.

El programa pactado del Frente Popular se centraba en la defensa de la República democrática y el cumplimiento de las reformas sociales iniciadas en el primer bienio; amén de la exigencia de la amnistía, extendida también al ámbito social, a los trabajadores despedidos por su participación en conflictos sociales o por su militancia sindical o política y a los campesinos arrendatarios – en Cataluña los rabasaires – desahuciados entre 1934 y 1935. La cuestión campesina era fundamental en ese programa de reformas y, a diferencia de lo sucedido en Alemania, en Italia años atrás, o en Francia, buena parte del campesinado, los jornaleros, los arrendatarios y aparceros, pero también los pequeños campesinos podían ser incorporados de manera efectiva en el programa del Frente Popular y por tanto a la lucha contra el fascismo, revertiendo el avance que la CEDA estaba consiguiendo en el campo español. Por otra parte, no era un programa de anulación de identidades; por el contrario todas las organizaciones del Frente Popular explicitaron sus propios objetivos – incluso el programa electoral del Frente Popular reconoció determinadas discrepancias entre republicanos y partidos obreros -, al tiempo que enfatizaban que el objetivo del momento era la unidad y la derrota de la reacción autoritaria y fascista. La campaña electoral cambió las pesimistas expectativas iniciales. El Frente Popular fue un éxito de movilización y, por el contrario, las derechas padecieron la abstención de una parte de sus votantes de 1933, algunos por confianza excesiva en el triunfo que anunciaba su prensa y otros porque ya habían decidido romper, de todas todas, son el sistema electoral. El resultado del 16 de febrero es indiscutible, hasta que alguien demuestre – si puede – lo contrario. Con la participación más elevada del período republicano, el 72% el Frente Popular ganó ya aquel día 259 diputados sobre el total de 473, 22 por encima de la mayoría absoluta; resueltas las impugnaciones y repeticiones electorales el resultado final fue de 286 diputados, 49 por encima de la mayoría absoluta. El Frente Popular ganó, el 16 de febrero en 33 circunscripciones electorales, del total de 60, y obtuvo entre el 47 y el 49% de los votos emitidos. Ese resultado no sólo le daba la mayoría en un sistema electoral mixto, como el de la Segunda República, sino que también se lo habría proporcionado en un sistema proporcional.

Era tan contundente el resultado del 16 de febrero, y tan inesperado por la derecha antidemocrática, que aquella misma noche el general Franco – todavía al frente del Estado Mayor del Ejército, donde lo había puesto Gil Robles – intentó de manera repetida que se proclamara el estado de guerra y se impidiera la formación de un gobierno que correspondiese al resultado de las urnas. Franco no consiguió los apoyos militares y políticos suficientes y tuvo que conformarse con su destitución del mando del Estado Mayor y su posterior envío a Canarias. Azaña tuvo que formar gobierno de manera inmediata, sin dar tiempo a la habitual transición y empezó a aplicar el programa electoral, en primer lugar con el decreto de amnistía. La gestión del gobierno de Azaña – integrado exclusivamente por republicanos, pero en todo momento de Frente Popular, porque estaba apoyado por dicho pacto en las Cortes, y porque tuvo la voluntad de serlo y ejercerlo – fue implementando las reformas prometidas, con el apoyo de la movilización social que presionó, nunca para desbordar al gobierno -en términos generales – y a la que el gobierno no respondió, como antaño, incluso en el bienio reformista, lanzando contra ella la fuerza de orden público sino legislando y gobernando en favor de la satisfacción de las reivindicaciones campesinas. Quién sí se lanzó contra el gobierno y contra la movilización social fue la derecha antidemocrática, que actuó objetivamente preparando el terreno de la conspiración militar, que era la solución que una importante parte de esa derecha tomó después de su derrota de febrero. Hasta entonces había albergado la idea de una evolución a la austríaca, dando un giro autoritario a la República desde el propio gobierno, pero perdido éste y ante la contundencia del triunfo político del Frente Popular, decidió que la única vía que le quedaba abierta fue la militar.

En la preparación del golpe, y de su supuesta justificación, se tejió un discurso que después de su definitiva victoria en abril de 1939 fue único durante cuarenta años y siguió estando presente también, en algunos momentos y sectores predominantes, en los últimos cuarenta años transcurridos desde la muerte de Franco. El discurso de la falta de legitimidad de la victoria electoral del Frente Popular, de su carácter de caballo de Troya del comunismo que habría pretendido convertir España en un nuevo estado miembro de la Unión Soviética, de la revancha de las masas contra la gente de orden que desbordó al gobierno republicano y de la precipitación de España en la violencia como consecuencia de todo ello y sobre todo de lo último. Las elecciones dieron un resultado legítimo y claro, homologable con cualquier comicio europeo de la época y muy por encima. El mito de la incorporación de España a la URSS era una mentira, desmontada por la prensa de la época y en la historiografía por Soutworth desde hace más de cincuenta años. No hubo revancha de masas, y las movilizaciones no exigieron más allá de lo que la legislación agraria ya había establecido; incluido el punto introducido por la CEDA durante su etapa de presencia gubernamental de expropiabilidad de la tierra por razón de necesidad social. Y la violencia fue desencadenada fundamentalmente por las clases propietarias, por amos y patronos, y por elementos de las fuerzas de orden público, sobre todo de la Guardia Civil, o del ejército azuzados a un comportamiento represivo en los ámbitos de las casas cuartel y de los cuartos de bandera y no por orden del gobierno; sin olvidarnos del pistolerismo de Falange, entregada de pleno a la estrategia de la tensión que había practicado en su asalto al poder su referente y financiador Mussolini. El historiador Eduardo González Calleja ha demostrado de manera irrefutable esas características de la violencia social y política del período que se desarrolló entre febrero y julio de 1936. En cuanto a la violencia anticlerical, no alcanzó nunca dimensiones de episodios pasados. Hasta finales de junio se produjeron unos 600 episodios que afectaron a 459 municipios del total de 9.300 de toda España, un 0,05%; la mayor parte de ellos fueron ataques a representaciones materiales de la Iglesia católica – iglesias, centros católicos, imágenes o monumentos públicos, con solo 18 incidentes de asaltos a personas, sin que en ningún caso se produjeran muertesii. Nada de furia anticlerical desatada; a pesar de que la Iglesia, la jerarquía y el clero local, desempeñó una actitud absolutamente beligerante en las elecciones de febrero de 1936 y en la apelación a la supuesta falta de legitimidad del gobierno. Hechos lamentables, pero que no justifican ni por asomo ninguna conspiración militar y ni siquiera una censura al gobierno del Frente Popular que, en todo momento, intentó ponerles freno. En toda Cataluña, con un millar de municipios, solo se produjeron 8 episodios.

La conspiración militar, apoyada y alentado por los dirigentes de la derecha antidemocrática, espoleado por Mussolini que acordó suministrar equipo militar avanzado a los conspiradores, no necesitaba pretexto. La decisión estaba tomada y tras un período de organización en el que se impuso el general Mola como coordinador operativo y se incluyó la actuación del ejército de África, en el que la figura de Franco era fundamental, la sublevación se inició, entre esas tropas el 17 de julio. A partir de ahí, según el plan de los conspiradores la sublevación había de ir extendiéndose en días sucesivos por las diferentes guarniciones de la península, dejando Madrid como última pieza a asaltar. Sin embargo, los sublevados fracasaron en las capitales mayores, a excepción de Sevilla, de manera que no pudieron controlar más que Galicia, parte de Castilla León, la mayor parte de Aragón, parte de Extremadura y zonas aisladas en Andalucía. El intento de asalto a Madrid desde la sierra de Guadarrama tampoco consiguió acercarse a la capital. La sublevación estaba en un tris de fracasar cuando la intervención de Hitler y Mussolini, el 25 de julio, proporcionó a Franco los medios de transporte y la cobertura naval y aérea necesaria para poder trasladar de manera masiva las tropas del Norte de África, la Legión y los Tercios, ampliar el control de Andalucía y marchar desde el Sur hacia la capital de la República, avanzando sobre Extremadura, con el flanco izquierdo cubierto por el apoyo de la dictadura de Salazar. La intervención exterior resultó determinante para que un golpe en vías de fracaso se transformara en una guerra civil; que por otra parte Mola y Franco habían contemplado como una posibilidad a la que estaban dispuestos, y que encararon no solo como una operación militar sino, al propio tiempo, como una operación de castigo y control de las clases populares y exterminio de las organizaciones obreras y republicanas. Y no solo resultó determinante la intervención en favor de los sublevados, sino también lo contrario; el boicot al armamento de la República decretado de hecho por el gobierno británico y el gobierno francés bajo la falacia de la política de no intervención. La República solo pudo contar como apoyo material sustancial el de la Unión Soviética, pero a partir de octubre de 1936 y en condiciones de suministro muy inferiores al recibido de Alemania y Francia por los sublevados. El desarrollo de la guerra civil estuvo marcado por la diferencia entre ambos apoyos recibidos, en cantidad y regularidad – que proporcionó siempre a los sublevados superioridad e iniciativa técnica – y por la disimilitud en la evolución de las políticas de retaguardia, marcada en la de los sublevados por la imposición de una dictadura personal de orientación fascista, y en el de la República por las dificultades en mantener la imprescindible unidad antifascista, por encima de las importantes diferencias políticas y a contrapelo de la desmoralización que iba causando el curso negativo de la guerra.

2. Sublevación y guerra en Cataluña

En la derrota de los sublevados en buena parte de España intervinieron factores diversos, pero hubo uno que resultó el más repetido: la coincidencia en la acción de contingentes leales de las fuerzas armadas y de orden público de la República y la de las organizaciones obreras que se armaron por propia cuenta o bien obtuvieron armas de las autoridades republicanas a partir de la formación en Madrid del gobierno Giral constituido. Por otra parte, esa derrota no dejó de tener costes importantes para el estado republicano, agravado por la soledad en que lo dejaron las democracias parlamentarias europeas. Las instituciones republicanas quedaron malparadas y se generó una dinámica de fragmentación y centrifugación política que, junto con la debilidad del gobierno Giral y en Cataluña del Gobierno encabezado por Joan Casanovas como Consejero Primero, que no reflejaban la nueva realidad de la retaguardia republicana y las nuevas correlaciones de fuerza en el campo antifascista, generaron en él una etapa de incertidumbre en los primeros meses de la guerra civil.

En Cataluña el conocimiento previo por parte del Gobierno de la Generalitat no sólo de las intenciones de los golpistas sino de parte de su plan operativo, facilitó la movilización con éxito las fuerzas de orden público en Barcelona, a las que acabó sumándose también la Guardia Civil. Por otra parte las organizaciones obreras, alertadas en los días previos de la inminencia del golpe, reclamaron desde el mismo 17 la entrega de armas por parte de la Generalitat; ésta no accedió, pero cuando las tropas salieron a la calle en la madrugada del 19 de julio, se declaró de inmediato la huelga general y sindicatos y partidos obreros se dispusieron a hacerles frente con lo que tuvieran. La CNT, que disponía de una estructura paramilitar de comités de defensa, alguna experiencia insurreccional y unas pocas armas, destacó desde el primer momento en los combates de calle; a los que se sumaron, con menos militantes y menos armas, la UGT, el POUM, los socialistas y los comunistas, así como algunos republicanos en menor cuantía. A medida que los contingentes del ejército sublevado eran derrotados o puestos en desbandada, los trabajadores fueron haciéndose con sus armas, y al final del proceso se hicieron con los depósitos de armas de los cuarteles de San Andrés y de Pedralbes. La inmensa mayor parte del armamento del ejército pasó a mano de las organizaciones obreras, configurándose una nueva situación en la que el Gobierno de la Generalitat subsistió y mantuvo un mínimo de fuerza, que se deterioraba rápidamente con el paso de las horas, pero perdió el control del territorio, de las calles de Barcelona y de los caminos y carreteras del país. Por todas partes se constituyeron comités y controles que asumían el poder local, sin ninguna coordinación, ni siquiera la que pudiera encontrar en el seno de las nuevas organizaciones. Ante esa situación por definir el Presidente de la Generalitat tomó el 20 de julio la iniciativa de convocar a todas las organizaciones obreras y del Frente Popular (en Cataluña había tomado la denominación de Front d’Esquerres) y proponer la constitución de un Comité que asumiera la organización de la gente armada y la formación de las columnas de milicianos voluntarios para marchar de inmediato al frente de Aragón, en tanto que el Gobierno de la Generalitat mantendría su posición institucional y sus responsabilidades específicas de gestión. A pesar de que García Oliver se pronunció en contra de aceptar la propuesta de Companys y a favor de “ir a por todas” – es decir proclamar la revolución social y acabar con el poder de la Generalitat – el Pleno de la CNT del 21 decidió, con el único voto en contra de la delegación del Baix Llobregat, que secundó a García Oliver, aceptar la propuesta del Presidente de la Generalitat. Se configuró así a lo largo del verano una situación dual, pero no de doble poder sino de reparto de funciones entre el Comité Central de Milicias Antifascistas, constituido de inmediato tras la aceptación de la CNT, y el Gobierno de la Generalitat. Este último había de mantener la gestión administrativa y sobre todo la económica – vital para la financiación de la guerra – y el CCMA – integrado por todas las organizaciones obreras y republicanas, a excepción de Estat Català -promover las milicias y organizar las patrullas de vigilancia en la retaguardia.

No obstante, la realidad quedó lejos de esa dualidad funcional. La fragmentación y centrifugación del poder hizo que el ámbito donde ambos organismos ejercieron su autoridad fue limitado, aunque no insignificante. La asunción del poder local por parte de una variada forma de Comités, en relación diversa con los ayuntamientos muchos de los cuales quedaron temporalmente eclipsados por esos comités, sustrajo al gobierno de la Generalitat la red local institucional a través de la cual desarrollar buena parte de su acción administrativa. Tampoco tuvo ninguna capacidad para intervenir en el ámbito de la seguridad interior, dominado por una explosión de violencia protagonizada por comités y patrullas. En contrapartida, el Gobierno de la Generalitat pudo controlar desde el primer momento la mayor parte de los fondos bancarios y la integridad de los fondos del Banco de España y de las delegaciones de Hacienda en Cataluña, con la colaboración con el sindicato de banca de la UGT, que dominaba por completo en el sector. Por su parte el Comité Central de Milicias Antifascistas no ejerció una autoridad real fuera de Barcelona y fracasó en su intento de subordinar a los comités locales, sin llegar tampoco a conseguir organizar un cuerpo por él coordinado de “patrullas locales” o “de comarcas”. Por otra parte su función en la movilización miliciana se limitó a la promoción inicial, de acuerdo con las diversas organizaciones que eran las que constituían las columnas y su envío al frente, en el que nunca se estableció un mando conjunto; incluso en el abastecimiento de las milicias, responsabilidad también del Comité Central de Milicias, aquellas acudieron de manera frecuente directamente a sus organizaciones e incluso a las localidades de origen. A las limitaciones de la acción de ambos organismos se añadió el hecho de que tampoco se produjera una coordinación de la red de comités locales, ni siquiera a nivel comarcal, salvo algunas excepciones en comarcas de Girona. Cada comité se sintió soberano en su territorio y pretendió actuar por sí y ante sí. La actuación descoordinada, que no exactamente espontánea, se produjo también en el ámbito económico en el que se desarrolló una amplia sindicalización de los centros de producción y distribución, bajo la etiqueta de la colectivización sobre todo en el sector industrial y comercial. En el campo por el contrario lo más destacado fue el reconocimiento, hasta nueva legislación, de la explotación usufructuaria de la tierra, sin tener que seguir pagando ningún tipo de carga al propietario, a rabasaires y todo tipo de arrendatarios y masoveros; sí como el impulso, minoritario pero al propio tiempo muy conflictivo, de colectividades agrarias por parte de la CNT y en mucho menor medida de la UGT.

La lejanía de los frentes activos y la escasa actividad del frente de Aragón, el más inmediato, después de que se constatara la imposibilidad de tomar las ciudades de Zaragoza y Huesca, siempre en poder de los sublevados desde julio, así como la falsa impresión de que la guerra se revolvería en pocos meses, facilitó que la situación política de la retaguardia catalana se mantuviera en los términos indecisos. La peor consecuencia, por lo irremediable, fue el estallido de violencia, protagonizada por el sin fin de patrullas y comités que mezcló todos los motivos: confrontación social, represión política, anticlericalismo llevado al extremo, delincuencia común disfrazada de motivación social o política, enfrentamientos entre organizaciones del propio campo antifascista sobre todo por el control de espacios de trabajo y sindicales. También colaboró a la desorganización inicial de la producción industrial, afectada asimismo por la ruptura de los canales de distribución tradicionales y el enrarecimiento en el suministro de materias primas, sobre todo de aquellas que procedían del exterior. Después de que el 4 de septiembre se hubiese constituido en Madrid un nuevo gobierno de la República integrado por todas las formaciones del Frente Popular, republicanos, socialistas y comunistas, al que desde el primer momento se invitó también a la CNT-FAI – aunque ésta no accedió a entrar en él hasta noviembre – en Cataluña se impuso también la solución de formar un nuevo Consell Executiu de la Generalitat, integrado por todas las formaciones que participaban en el Comité Central de Milicias Antifascista, que pasaría a disolverse entregando a la nueva Generalitat todas sus funciones y dependencias. Para entonces en Cataluña se había configurado un nuevo escenario político, con la consolidación del Partit Socialista Unificat de Catalunya, fundado tras la derrota de los sublevados mediante la unificación de la Unió Socialista de Catalunya, la Federación Catalana del PSOE, el Partit Comunista de Catalunya – denominación de la organización catalana del PCE – y el Partit Català Proletari, en conversaciones desde hacía meses para su unificación; y con la polarización sindical entre la CNT y la UGT, que potenció sobre todo a esta última. La UGT, cuyo crecimiento se había iniciado ya en 1934, dio un salto notable con la incorporación de numerosos sindicatos independientes, como el CADCI, la Federación Obrera de Sindicatos de la Industria Gastronómica, algunas Federaciones Locales de Oposición, excluidas en 1933 de la CNT y que no habían querido reincorporarse a esta última – como la de Sabadell o Igualada – y la Federación Obrera de Unidad Sindical vinculada al Partido Obrero de Unificación Marxista. La antigua hegemonía cenetista, ya muy debilitada por sus sucesivas crisis internas entre 1932 y 1933, quedó definitivamente quebrada para dar paso una competencia por el liderazgo entre las dos centrales sindicales.

El 26 de septiembre se constituyó el “govern d’unitat” de la Generalitat, encabezado por Josep Tarradellas como Conseller Primer, mientras Companys se mantenía con una posición arbitral en su condición de Presidente de la Generalitat. En sus primeras actuaciones esa unidad fue suficientemente efectiva, acabó con la centrifugación y fragmentación del poder territorial y pactó la reposición de los ayuntamientos como órganos exclusivos del poder local, reconstituidos sobre la base de la misma presencia organizativa que se producía en el Gobierno de la Generalitat. Y a finales de CNT, FAI, UGT y PSUC pactaron un programa de unidad de acción que fue plenamente asumido por la Generalitat. El programa incluía la transformación de las Milicias en el nuevo Ejército Popular de Cataluña, que se constituiría contando también con las correspondientes levas generales de quintas; el control de la violencia en la retaguardia con la recuperación de la autoridad del gobierno – asesorado por un Consejo de Seguridad Interior integrado asimismo por el arco gubernamental – y la recuperación de las decenas de miles de armas de guerra repartidas en la retaguardia, en manos de comités y patrullas, para ser enviadas al frente y destinadas a las necesidades de la guerra; así como la reorganización pactada del nuevo sistema económico mediante un sistema mixto que contemplaba las empresas colectivizadas, como conjunto mayoritario, junto a un sector privado en el que se establecía no obstante un sistema de control obrero y la presencia de un sector de propiedad municipal. A pesar de todo, la imagen unitaria duró poco tiempo. El Ejército Popular de Cataluña quedó frenado por la resistencia de las milicias anarquistas y del POUM a la militarización y el bloqueo constante de la CNT a la aplicación de los decretos de movilización de quintas. La permanencia del Cuerpo de Patrullas de Control de Barcelona fuera de la autoridad real del Consejero de Seguridad Interior, Artemi Aiguader de Esquerra Republicana de Cataluña, mantuvo abierto el flanco del control de la violencia, aunque ésta disminuyó claramente. Tampoco se cumplieron las diversas apelaciones a la recogida de las armas de retaguardia. En lo que más se avanzó fue en la aplicación del decreto pactado de colectivizaciones, aunque también en este terreno se produjeron conflictos, por la tendencia de algunos sindicatos de la CNT a imponer la “socialización”, es decir la colectivización integral de sus sectores; también se avanzó en la reorganización del poder local que, aunque con alguna lentitud, se impuso en la mayor parte de los municipios y sobre todo en los más importantes. Por el contrario, se agravaron otros conflictos como el que enfrentaba en el campo a colectivizadores con los defensores de la explotación familiar, en régimen de pequeña propiedad o de usufructo. A finales de noviembre, la multiplicación de desavenencias y enfrentamientos abiertos llevó al PSUC a hablar de “crisis de ejecución” y a presionar por la formación de un nuevo Consell Executiu de la Generalitat, con compromisos firmes para la aplicación del pacto de octubre.

3. Los problemas de la unidad antifascista

La multiplicación de conflictos respondió a la pluralidad ideológica y de bases sociales existentes en el campo antifascista. No era una simple competencia de poder o de espacios de influencia entre las diversas organizaciones sindicales y políticas, aspecto que por otra parte era legítima, siempre que se resolviera por métodos políticos y democráticos, con las únicas limitaciones que la situación de guerra imponía (por ejemplo, era desaconsejable en esa situación la celebración de procesos electorales para la renovación de los ayuntamientos o del Parlament de Cataluña). Tampoco se trató de una inexistente confrontación de revolucionarios y contrarrevolucionarios en el seno del campo antifascista; una interpretación maniquea que olvida que la contrarrevolución la constituían los sublevados y que la concepción de la revolución es plural y no única. La sublevación transformada en guerra civil había tenido como respuesta por parte de las clases populares una movilización revolucionaria, una movilización que no sólo tenía por objetivo derrotar a los facciosos sino cortar desde la raíz la base de su actuación mediante una transformación radical del sistema económico y político en el que se había movido hasta entonces la República. No hubo un bando revolucionario (CNT-FAI y el POUM) y otro contrarrevolucionario (PSUC, UGT y ERC), sino diferentes proyectos de ruptura revolucionaria.

El proyecto de la revolución social, de la CNT-FAI, el más heterogéneo de todos; en el que la concepción sindicalista de Abad de Santillán, no era la misma que la revolución de los comités, la de los comités territoriales y de defensa en los que se apoyó Manuel Escorza. Un proyecto cuarteado por las contraposiciones internas entre el mundo de los sindicatos y el de los comités (enfrentados sobre quién había de recaer el protagonismo, el liderazgo, de la revolución social; o por el control de las armas en posesión de los anarcosindicalistas y su área de influencia); por la relación a mantener con el poder político, la participación gubernamental, y la política de alianzas (¿con Tarradellas o con Nin, o con ninguno de los dos, en la primera mitad de la guerra? ¿con los republicanos o con la UGT o incluso el PSUC, en la segunda?; y también por el modelo organizativo y el método de adopción de las decisiones políticas. Le revolución “bolchevique” del POUM, muy seguidista del modelo de la revolución rusa, distanciándose desde la fundación del partido, por la unificación del BOC y de ICE, y de la desaparición de Maurín – preso por los sublevados – de la intención de éste, formulada a comienzos de los treinta de encontrar la forma nacional de la revolucióniii; en la que el partido tenía que asegurar la dirección política de la revolución, en la que el protagonismo de masas a falta de soviets recaía en los sindicatos. Los dos proyectos revolucionarios, muy diferentes en sus concepciones ideológicas y organizativas, coincidían en su condición de revolución proletaria. A diferencia del PSUC que percibió que la sublevación y la guerra había convertido la propuesta del Frente Popular de defensiva en prospectiva, en una propuesta de transición hacia el socialismo a través de la democracia popular (conviene no enredar con la aplicación de ese término a los estados de la Europa del Este de postguerra y, sobre todo a partir de 1947); y en consecuencia propuso una revolución popular, que políticamente se organizaba mediante el pacto de enero de 1936 ampliado a los sindicatos, también la Unió de Rabassaires, y socialmente suponía la alianza entre el proletariado, el campesinado no capitalista (pequeños propietarios, rabasaires, arrendatarios, jornaleros) y las capas de las clases medias que había rechazado el fascismo y asumían la defensa de la democracia y su extensión en términos de democracia social (control democrático de la economía, entre otras cosas). La revolución popular, un término utilizado hasta entonces solo a efectos de propaganda, dio título a una perspectiva nueva del proceso revolucionario surgido de la realidad de la guerra, de sus orígenes, razones y condiciones para la victoria del antifascismo; que entroncaba por la vía de los hechos con el concepto de etapa transitoria elaborado por Gramsci entre el fascismo y el socialismo, y que fue luego reflexionado por Togliatti al hilo precisamente de la revolución española.

La revolución proletaria de la CNT-FAI y del POUM rechazaba cualquier concesión a las clases medias y despreciaba al campesinado no jornalero por considerarlo intrínsecamente conservador, cuando no “egoísta” (denuncia realizada de manera habitual por los dirigentes anarcosindicalistas cuándo habían de enfrentarse a los problemas de organización de los abastecimientos de la población urbana). La revolución popular exigía encontrar un lugar programático de acuerdo entre los diversos sectores sociales y una política capaz de superar las contradicciones que inevitablemente se producen en toda alianza social; paradójicamente, a pesar de la adhesión del PSUC al liderazgo estalinista – común a la Internacional Comunista y temporalmente aceptado por una parte de la izquierda socialista de la época – su concepto de la revolución popular se situaba fuera de las concepciones de Stalin para entrar en las de Bujarin. Volviendo a nuestro terreno, al concepción proletaria o popular de la revolución determinaba las divergencias políticas sobre socialización absoluta o economía mixta, colectivismo o explotación familiar en el campo, e incluso sobre la forma y el papel de las instituciones; la existencia de una arquitectura institucional democrática, regida por normas de derechos y deberes mayoritariamente aceptados, era indispensable para que los diferentes sectores sociales del arco frentepopulista pudieran resolver políticamente sus contradicciones. El estado de una república democrática popular podía ser aceptado por todos los sectores, el estado sindical o el estado de los comités sólo podía ser aceptado por uno de ellos.

La relativa lejanía de los frentes militares activos – la inmovilidad del de Aragón – focalizó la guerra en el conflicto de retaguardia, facilitando que la discrepancia se desarrollara y aumentase hasta su enfrentamiento final. La primera evidencia de los problemas internos a los que había de hacer frente la unidad conseguida entre septiembre y octubre, la “crisis de ejecución” denunciada por el PSUC, se cerró en falso con la expulsión del POUM del gobierno de unidad y la formación de un nuevo Consell Executiu. El POUM se había quedado aislado y había planteado algunos problemas en el seno del gobierno de unidad – atacado desde La Batalla – sobre todo por lo que se refiere a la presentación de un nuevo código de disciplina militar que, supuestamente, desbloquearía la formación del nuevo Ejército Popular; pero no constituía, ni de lejos, el mayor problema en la aplicación del pacto de octubre, entre otras cosas por su incidencia menor con respecto a las otras tres formaciones, CNT-FAI, PSUC-UGT y ERC. El problema mayor lo constituía la división interna de la CNT-FAI; la fronda anarquista contra la participación gubernamental y en favor de la socialización integral de la industria y el comercio y la generalización del colectivismo agrario, que rompían por completo el contenido de aquel pacto. El PSUC, llevado por la paranoia anti-trotskista que se había desencadenado en la URSS y la Internacional Comunista, se conformó con esa exclusión del POUM; que por otra parte fue contrarrestada con un aumento del poder de la CNT en el gobierno de unidad, al asumir, entre otras cosas, la Consejería de Defensa. Los problemas no solo siguieron, sino que se agravaron, acelerados por la multiplicación de las desconfianzas internas en el campo republicano ante el curso negativo de la guerra y el episodio de la caída de Málaga, de la que anarquistas y comunistas responsabilizaron al entorno de militares profesionales de Largo Caballero, sin – por lo demás – ponerse de acuerdo en las líneas generales de la nueva política militar que era preciso adoptar.

A comienzos de la primavera de 1937 la unidad se había roto y la confrontación política entre organizaciones armadas tendió a convertirse en una confrontación armada polarizada entre CNT-FAI y PSUC-UGT en la que Companys no estuvo en condiciones de ejercer una función arbitral, que se rechazaba en las filas anarquistas, y Tarradellas, como Conseller Primer no fue capaz de volver a ejercer el papel de puente que había desempeñado en septiembre, entre otras cosas por su abierta confrontación con el PSUC. En esa situación, en los primeros días de mayo de 1937 estalló una rebelión anarquista, animada por los sectores contrarios a la participación gubernamental y al cumplimiento del pacto de octubre. La confrontación de mayo no pudo ser resuelta, en ningún sentido, por quienes se enfrentaron en Cataluña – no solo en Barcelona – hasta que fuerzas enviadas por el gobierno de la República, desde Valencia, impusieron el fin de los enfrentamientos. Especulaciones aparte, cabía poca duda sobre la afiliación de quienes volvieron a levantar barricadas y controles (el propio García Oliver acusó crípticamente a determinados cuadros anarquistas que le eran hostiles; y el Comité Nacional de la CNT decidió desviar el foco que señalaba a la militancia anarquista inventando una conspiración internacional); sin embargo, se decidió, de nuevo, tomar al POUM como chivo expiatorio del suceso. De todas maneras, la consecuencia política fundamental de los sucesos de mayo no fue la proscripción del POUM, sino la salida de la CNT-FAI del gobierno de la República, decidida en solidaridad con Largo Caballero y la ejecutiva de la UGT, al ser sustituido aquel por Negrín, al frente del ejecutivo central, pocos días después de la crisis catalana; así como del Gobierno de la Generalitat, por decisión de la CNT catalana, determinada en su mayor parte por la subsistencia de divisiones internas sobre la participación gubernamental y la imposibilidad de superarlas mediante una presencia anarquista en el nuevo ejecutivo catalán que le diese hipotéticamente la mayoría, a lo que no estaban dispuestos ni ERC ni el PSUC.

La falta de unidad en la retaguardia, la división política del campo antifascista, fue un lastre que gravitó constantemente hasta el final de la guerra. A la discrepancia entre los proyectos revolucionarios – que dominó entre julio de 1936 y mayo de 1937 – se sumaron luego nuevos motivos de discordia. Por un lado, Esquerra Republicana de Cataluña se alejó del discurso revolucionario planteando a partir del verano de 1937 la necesidad de una “rectificación liberal” tanto en el ámbito de la política interna como en el de las relaciones exteriores de la República, persiguiendo el cortejo de los gobiernos de Paris Y Londres – en sustitución del apoyo soviético – estéril por cuanto estos últimos mantuvieron sus decisiones básicas de no arriesgar un enfrentamiento con Hitler a causa de una intervención pro-republicana en el conflicto español. En la política interna ERC planteó la reforma del sistema de colectivizaciones y una mayor defensa de la propiedad privada, sin éxito ante la oposición sumada – que no conjunta – de CNT-FAI y PSUC-UGT; sí, por el contrario, logró frenar una legislación agraria nueva en favor del pequeño explotador y el sistema cooperativo así como la municipalización de la vivienda.

Un segundo frente de desacuerdo creciente fue la política ante la guerra, con la división entre partidarios de buscar una intervención de gobiernos europeos – incluidos el alemán y el italiano – para conseguir un alto el fuego y la apertura de negociaciones para la solución del conflicto y quienes consideraron esa opción imposible y que, en cualquier caso, cualquier opción de evitar una derrota sangrienta o forzar una negociación pasaba por reforzar la resistencia militar. Si la primera opción cundió entre republicanos y sectores moderados del socialismo, la segunda fue liderada por Negrín y apoyada por el PCE y el PSUC, y también por el Comité Nacional de la CNT; aunque la posición anarquista siempre mantuvo una gran discordancia interna. El activismo comunista en favor de la política de resistencia les llevó a tener un gran peso en el Ejército Popular, que se sumaba a la realidad de que solo la URSS seguía suministrando equipo militar a la República; a pesar de las interrupciones por el bloqueo internacional o por las decisiones soviéticas, ante el incremento del expansionismo japonés en Lejano Oriente que le llevó a desviar su atención del escenario europeo. De manera que las divergencias políticas tendieron a plantearse en términos de pro-comunismo o anti-comunismo; de manera absolutamente distorsionada. Ni Negrín era, como se le acusaba, un cripto-comunista; ni los comunistas dominaban los resortes de fuerza de la República, el Ejército- sometido a la autoridad de Negrín – o el SIM, dirigido siempre por socialistas de la confianza – teórica – del Ministro de la Gobernación, que fue siempre, desde septiembre de 1936, un socialista; ni siquiera, como se ha pretendido, el PSUC era hegemónico en Cataluña, donde a pesar de su crecimiento ERC mantuvo el predominio institucional y político, consiguiendo bloquear las políticas agrarias o de municipalización promovidas por el PSUC.

Finalmente, por lo que se refiere a Cataluña, las formas de instalación del Gobierno de la República en Barcelona, a partir del 30 de octubre de 1937, aunque ésta estuviera suficientemente justificada, multiplicó las tensiones entre el ejecutivo central y el Gobierno de la Generalitat. Y, sobre todo, una equivocada política de subsistencias que hizo recaer en el productor agrario el peso mayor de su encarecimiento abrió una brecha social en la retaguardia, menos dramática pero más dañina que el pasado conflicto entre colectivizadores y defensores de la explotación, que desde mayo de 1937 había quedado resuelto en favor de estos últimos. Para mantener precios de venta de los artículos de primera necesidad en las ciudades se deprimió de manera abusiva los que se pagaron al productor campesino (pagar menos el trigo para abaratar la harina y el pan); la consecuencia fue que el campesino se alejó del mercado legal, intervenido, y se desvió hacia el mercado negro. Las consecuencias no solo fueron económicamente negativas, ya que el mercado negro contribuyó precisamente a la inflación – de por sí estimulada por la situación de guerra -, sino también políticas, al generar la desafección de la población campesina hacia la República; una población campesina que, además, se consideraba más perjudicada por las llamadas a filas, que desestabilizaban el trabajo familiar sobre el que se basaba la explotación mayoritaria y frente a las cual no tenían ninguna escapatoria, como si sucedía entre los trabajadores empleados en industrias de guerra o en sectores estratégicos que quedaban exentos de la movilización ( no eran una cantidad excepcional, pero si daban en el campo otra imagen de diferencia con respecto a la ciudad obrera y republicana).

Las divisiones políticas y las brechas sociales – como la campesina – menos consideradas habitualmente, no llevaron a la República a su derrota. A pesar de todo, la República resistía en el verano de 1938, en la más adversa de las situaciones. Sin embargo, la gran desigualdad militar, siempre presente y activa, resultó determinante. Sobre todo después de que el pacto de Munic del 30 de septiembre de 1938 entre Hitler, Mussolini, Daladier y Chamberlain dejara muy claro que para ninguno de los cuatro España valía ni una misa, ni un introito, la mínima confrontación entre las cuatro potencias. Y lo dejó claro no solo el vergonzoso pacto, sino la más vergonzosa, si cabe, pasividad de Francia y Gran Bretaña, sus gobiernos, la mayoría de sus líderes políticos, la mayoría de sus poblaciones, ante la violación del pacto por Hitler con su ocupación manu militari de los Sudetes, sin respetar los plazos acordados ni la población checa de la región. El factor fundamental de la derrota fue el factor internacional, como lo había sido de la transformación del golpe en guerra. No obstante, la división política y social del campo antifascista si tuvo consecuencias en la larga prolongación de esa derrota en una dictadura, que no acabó hasta que se agotó la vida del dictador.

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i El presente texto es una síntesis, muy escueta, de lo que he desarrollado en tres libros recientemente publicados: La rereguarda en guerra. Catalunya, 1936-1937. Editorial L’Avenç, 2012; Territori capital. La guerra civil a Catalunya, 1937-1939.¸Editorial L’Avenç, 2015; El Frente Popular. Victoria y derrota de la democracia en España, Pasado y Presente, 2016. Para agilizar el texto será sin citas, excepto las dos que siguen, que son una aclaración obligada.

ii Los datos proceden de un estudio de los historiadores Álvarez Tardío y Villa, publicado en 2013 en la revista Hispania Sacra; en él se pretendía dar una imagen, que luego no quedaba demostrada por sus propios datos, que eran manipulados para magnificar esa menos trascendente violencia anticlerical de aquellos meses anteriores al golpe militar

iii Intervención de Maurín en el Ateneo de Madrid, en junio de 1931

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